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Jornada tensa en el matadero comarcal de Córdoba cuando apenas han pasado dos meses de la detención de Antonio R.B., industrial de Écija

Un empleado muestra el documento de baja de la mutua. Foto:SANCHEZ MORENO - Diario de Córdoba

 

El pasado veintiuno de enero se volvió a vivir una jornada tensa en el matadero comarcal de Córdoba cuando apenas han pasado dos meses de la detención de Antonio R.B., industrial de Ecija y gerente de la empresa Ecicarnes, concesionaria de la gestión, al que se le imputó un delito contra el derecho de los trabajadores extranjeros.


Inspectores de Trabajo realizaron una visita a las instalaciones de Campo Madre de Dios, acompañados de miembros de la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional, para comprobar que la empresa cumplía la legalidad.


Un empleado afirmó a este diario que uno de sus compañeros no tenía contrato y que el empresario "ha dejado de pagar la Seguridad Social y la mutua y si nos ocurre un accidente estamos desamparados". Además, según esta misma fuente, "hasta hace unos días había trabajando aquí dos rumanos, habiendo matarifes cordobeses en el paro", añadiendo que "el empresario está utilizando mano de obra barata".


Los trabajadores mantuvieron una reunión la semana pasada con el concejal de Comercio, Francisco Tejada, para "preguntarle por la concesión y nos dijo que no era de su competencia". Según afirman los empleados, el industrial ha recurrido la rescisión del contrato ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).


Por su parte, Antonio R.B. manifestó que "hay una mano negra contra mí y están diciendo que aquí hay trabajando extranjeros sin papeles, cuando el único que hay tiene los documentos en regla".


La alcaldesa, Rosa Aguilar, se solidarizó con los trabajadores y ha reiterado que el Ayuntamiento ya inició los trámites jurídicos para la rescisión del contrato con Ecicarnes, "que está claro que no cumple y ni hace las cosas debidamente" y que se "están siguiendo los pasos adecuados en este asunto".


El 13 de noviembre la policía detuvo a Antonio R.B. por tener alojados en el matadero, en condiciones infrahumanas y trabajando sin contrato, a siete rumanos, que carecían de documentación y tenían llaves del recinto. Entre estos extranjeros, que cobraban 20 euros a la semana, se encontraba una mujer con un hijo de dos meses.


Antonio R.B. negó los hechos y, aunque reconoció que vivían dos rumanos en una casa del interior del matadero, dijo que esta vivienda "cumple con condiciones de habitabilidad" y que "estas personas sólo me ayudan en casos en que falta algún trabajador por enfermedad".

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Información: M. ROSA - Diario de Córdoba (22/01/04)