La Audiencia de Sevilla ha decidido reabrir el caso de un geriatra que trabajaba en la residencia de ancianos San José del Valle de Ecija y que presentó una denuncia contra el ex concejal de Interior del Ayuntamiento astigitano, Francisco Serrano Zurita, y la directora administrativa del citado centro, María José García Jiménez, por acoso moral en el trabajo o 'moobing', ordenando iniciar una investigación al respecto.

A través de un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la Sección Tercera acuerda estimar el recurso de apelación interpuesto por el geriatra Angel Manuel Botello contra el auto dictado por el Juzgado de Instrucción número 2 de Ecija el 8 de marzo de 2004, que archivó las actuaciones, y contra el del 16 de abril siguiente, que desestimó el recurso de reforma.

Botello, de 53 años, consiguió la plaza de geriatra del Ayuntamiento en julio de 1989 y, según denunció, se vio desde el principio sometido a una situación de "hostigamiento y presión", además de encontrarse con la "oposición" del personal sanitario en cuanto a posibles actuaciones a realizar para la mejora de la residencia.

A pesar de un primer archivo, la Audiencia considera que la investigación de los hechos "debe iniciarse" dado que no se puede descartar, sin conocer su génesis y su desarrollo, la vertiente penal de los hechos, y para ello se hace "preciso" que el juzgado instructor escuche a denunciante y denunciados.

El geriatra deberá exponer el motivo por el que denuncia y el alcance penal de los hechos narrados, mientras que Serrano Zurita y García Jiménez dirán si son ciertas las acusaciones. De esta forma, dicho juzgado "estará en condiciones inmejorables para determinar si existen o no motivos para continuar por una presunta infracción penal constitutiva de lesiones o, en su caso, de trato degradante", indica la Audiencia.

SU DESPACHO, UN ALMACEN

Este médico lamentaba en su denuncia judicial que diversas situaciones en la residencia se vieran "amparadas" por el Ayuntamiento de Ecija, las cuales le provocaron ansiedad y periodos de baja, que han derivado en una invalidez permanente absoluta, según sostiene su abogado, José Ignacio Bidón. Incluso vio como su despacho fue usado para guardar comida, refrescos o medicinas caducadas, teniendo que trabajar en dichas circunstancias a pesar de sus continuas quejas.

Tras conocer la nueva decisión judicial, el juzgado astigitano antes mencionado ha citado este próximo mes de agosto al geriatra y, a partir del mes de septiembre, a los dos imputados, junto al representante legal del Consistorio como responsable civil subsidiario. El Ministerio Fiscal también solicitó la estimación del recurso, como ahora ha reconocido la Audiencia.

Según denunció también Botello, mientras atendía a los ancianos en su despacho, personal de la residencia entraba en el mismo con otros enfermos y que, en el momento en que pidió una percha, le dijeron que estaba pidiendo "lujos".

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