El suboficial Antonio de la Rosa vuelve a ser, desde el pasado 19 de junio, jefe de la Policía Local de Écija, semanas antes de que culmine la sanción administrativa impuesta por el anterior gobierno local (PA) y beneficiado por la llegada del nuevo equipo de gobierno (PSOE-IU).

De la Rosa fue expedientado en el anterior mandato tras ser acusado de mantener y actualizar un archivo de más de 17.000 fichas con datos íntimos de los ecijanos, tales como su orientación sexual y política o de mujeres que habían ejercido la prostitución.

Pese a las sucesivas sentencias judiciales que, hasta en tres ocasiones, encontraron inocente al mando policial, el PA mantenía a De la Rosa apartado del cargo, alegando que podía hacer uso de este poder para acceder a dichos ficheros. La acusación del PA se basó siempre en que, aunque estos archivos no fueran creados por De la Rosa, éste se ocupó en actualizarlos periódicamente.

Agotada la vía penal, que no observaba conducta delictiva en el suboficial, el Ayuntamiento de Écija se aferró a la administrativa para sancionar al jefe policial, una sanción que expiraba el próximo8 de julio, aunque la llegada del nuevo equipo de gobierno le ha permitido volver antes. El fin de su castigo se corresponde con la postura defendida por los partidos que hasta ahora formaban parte de la oposición, especialmente IU, que siempre exigió al entonces alcalde, Julián Álvarez (PA), que permitiera el reingreso del jefe policial.

De la Rosa ha permanecido cerca de año y medio suspendido de empleo y sueldo pese a las sentencias a su favor. No obstante, el agente no aclaró ayer si, como avisó, emprenderá acciones legales contra el consistorio para reclamar daños y perjuicios por todo este tiempo de enfrentamiento y litigios.

La última sentencia que le dio la razón a De la Rosa en este largo culebrón fue la de la Audiencia de Sevilla del pasado 22 de enero, contra la que no cabía ningún recurso. El auto desestimaba el recurso del Ayuntamiento de Écija contra los archivos previamente dictados por el juzgado de instrucción número dos del municipio, con fecha del 7 de julio y 29 de octubre de 2002.

Todos estos autos de archivo consideraban que el suboficial no había incurrido en delito alguno por tener acceso a esta documentación. En este sentido, se ponía de manifiesto que estos archivos existían desde los años 50, por lo que no fueron creados por el procesado.