El anterior equipo de gobierno de Écija (PA) gastó el dinero ingresado por la venta de las cocheras y locales de las viviendas de protección oficial (VPO) que se levantan en Las Huertas ye! Camino del Físico, sin haber entregado éstos a la empresa que los compró (una conocida firma de supermercados) y sin destinar esos fondos a la construcción de las casas, tal y como dijo.

Así lo denunció ayer el edil de Hacienda y Urbanismo, Salvador Bustamante (IU), en relación al oscurantismo en toda una operación que ya desveló este periódico. De hecho, la venta de todas las cocheras y locales a la citada empresa suscitó mucha polémica porque se privó a los futuros residentes de los pisos de la opción de contar con un garaje propio, como se les prometió.

Bustamante recordó ayer que el PA firmó la venta en enero de 2002 por algo más de 4,6 millones de euros (2,1 por las del Camino del Físico y 2,5 por las de Las Huertas), recibiendo más de 1,6 a cuenta y pactándola entrega del resto para el 27 de diciembre de 2003, al adquirir las llaves de los citados locales y garajes.

“La venta se llevó a cabo sin informar al pleno y, por tanto, a los ecijanos”, reiteró Bustamante, quien incidió en que los andalucistas llegaron a negar que dicha transacción se hubiera producido.

Pero la operación no terminó ahí, según prosiguió el edil, ya que en marzo y junio de 2002 los responsables de Urbanismo pidieron a un banco que les anticipara la cantidad restante, algo más de 2,5 millones de euros, y se comprometió con la empresa compradora a adelantar la fecha de entrega de los locales al 30 de junio de 2003, algo técnicamente imposible puesto que las viviendas están aún en construcción. “Todo este dinero está gastado, pero no en las viviendas”, resumió Bustamante, quien aclaró que las obras se están pagando “con los créditos aportados por la Junta de Andalucía”. Además, el adelanto de la fecha de entrega ha provocado una penalización de 600 euros diarios desde el 30 de junio por retraso en la recepción de los locales, que el consistorio deberá abonar al comprador.

Para el edil de IU, esta operación “ha ido encaminada a disponer de dinero para intentar garantizar que Julián Álvarez siguiera en la alcaldía”. Mientras, el portavoz municipal del PSOE, Fernando Martínez, comentó que no se descarta pedir responsabilidades legales, aunque “la prioridad ahora es buscar una solución para que no peligre la ejecución de las viviendas.